#Opinión || Paquete Fiscal 2027 en Nuevo León, entre pugnas de poder y abandono del pueblo

Por Ramón Rosales Córdova

Nuevo León está por terminar otro año sin haber resuelto el conflicto por su presupuesto. El gobernador y los diputados del Congreso local llevan meses enfrentados por el manejo de los recursos públicos, sin que hasta ahora hayan conseguido ponerse de acuerdo, un lamentable atraso para el estado. Entre acusaciones, vetos y negociaciones fallidas, las necesidades de miles de familias han quedado rezagadas, como si la necesidad pudiera esperar hasta que los partidos políticos resuelvan sus diferencias. El problema no es nuevo, viene de tiempo atrás. Las pugnas entre los distintos partidos han complicado la aprobación de los paquetes fiscales y obligado al estado a recurrir a presupuestos de años anteriores. Para 2026, el Congreso aprobó un paquete que fue vetado por el Ejecutivo, prolongando una disputa en la que cada parte defiende sus decisiones y responsabiliza a la otra del conflicto. Y mientras tanto, los ciudadanos de Nuevo León difícilmente encuentran alguna mejoría en su vida cotidiana como resultado de esas discusiones. En las colonias los problemas siguen siendo prácticamente los mismos. Hay calles que llevan años sin pavimentarse, sectores donde el drenaje resulta insuficiente y termina en ríos de aguas negras, escuelas que necesitan mantenimiento y familias que deben recorrer grandes distancias para llegar a sus trabajos porque el servicio de transporte es deficiente. En municipios como García, Escobedo y El Carmen, el crecimiento de la población ha sido mucho más rápido que la construcción de obras y la ampliación de los servicios públicos. Se levantan fraccionamientos, llegan nuevos habitantes y aumentan las necesidades, pero las soluciones avanzan con una lentitud desesperante e indignante para la población.

El transporte es uno de los ejemplos más claros. Miles de trabajadores salen de sus casas todos los días cuando todavía está oscuro y regresan después de haber pasado buena parte del día entre camiones, esperas y traslados. A las jornadas laborales se suman las horas perdidas en el camino y el dinero que deben gastar para moverse de un lugar a otro. Para estas familias, las decisiones sobre el presupuesto tienen consecuencias que van mucho más allá de las cifras discutidas en el Congreso. Resulta difícil entender que un estado que presume su desarrollo industrial y la llegada de grandes inversiones mantenga semejantes carencias. Nuevo León produce una enorme riqueza, pero basta alejarse de las principales zonas comerciales e industriales para encontrar colonias donde todavía faltan servicios elementales. El crecimiento económico del que tanto hablan las autoridades no ha significado una mejoría proporcional para todos sus habitantes. Y es precisamente ahí donde debería concentrarse la discusión presupuestal en la calidad de vida de los ciudadanos. Los recursos públicos tendrían que utilizarse para resolver los problemas más urgentes, ampliar los servicios y mejorar las condiciones de vida de la población. Sin embargo, buena parte del debate se ha ocupado en el endeudamiento, las facultades del Ejecutivo, la distribución del dinero y las exigencias de los distintos partidos. Son asuntos que deben discutirse, pero no pueden convertirse en una excusa para dejar pendientes las necesidades de la gente. Tanto el Gobierno estatal como el Congreso tienen responsabilidad en lo ocurrido. El primero debe administrar los recursos y presentar propuestas que respondan a los problemas del estado; el segundo tiene la obligación de revisar el gasto y vigilar que el dinero público se utilice correctamente. Ninguna de esas funciones debería quedar sometida a los cálculos electorales ni a las rivalidades personales. Pero eso es justamente lo que ha predominado en los últimos años.

Ahora se aproxima la discusión del presupuesto para 2027 y las diferencias siguen presentes. No hay garantía de que esta vez se alcance un acuerdo oportuno ni de que las necesidades de las colonias populares ocupen un lugar importante en las negociaciones. Lo preocupante es que la falta de acuerdos parece haberse vuelto una situación habitual, mientras los problemas que deberían atenderse continúan acumulándose. Aunque tampoco bastaría con que los diputados y el gobernador se pusieran de acuerdo para dar por resuelto el asunto. Habría que revisar en qué se pretende gastar el dinero, qué obras se consideran prioritarias y cuántos recursos llegarán realmente a las comunidades que más los necesitan. Porque un presupuesto puede aprobarse sin mayores dificultades y seguir beneficiando principalmente a los sectores que ya concentran buena parte de la riqueza. El problema es más profundo que las diferencias entre partidos. En Nuevo León, como en buena parte del país, el desarrollo económico ha favorecido de manera desigual a la población. Se destinan grandes cantidades de recursos a proyectos que buscan atraer inversiones y facilitar las actividades empresariales, mientras muchas colonias deben insistir durante años para conseguir una obra de pavimentación, una escuela o mejores servicios de salud.

Los trabajadores que diariamente sostienen la actividad económica del estado deberían ser los primeros beneficiados por esa riqueza. Pero sus necesidades suelen quedar al final de las prioridades y, cuando consiguen alguna mejora, muchas veces ha sido después de años de solicitudes, reuniones y gestiones ante las autoridades. Por eso es importante que los habitantes de las colonias no permanezcan callados al margen del problema. Necesitamos organizarnos, presentar nuestras demandas y exigir que se destinen recursos suficientes para atenderlas. Esperar a que los partidos resuelvan por sí solos los problemas de la población ha demostrado ser en la mayoría de los casos insuficiente. Se acerca otro año y miles de familias siguen esperando las mismas obras que solicitaron desde hace tiempo. Para el pueblo trabajador, poco importa quién consiga imponerse en el Congreso o quién termine ganando la disputa política. Lo que necesitan es que el dinero público se utilice para resolver sus problemas. Y hasta ahora, eso sigue sin ser la principal preocupación de quienes deciden cómo gastarlo.