#Opinión // Recetar la ausencia, el desabasto que no debemos normalizar

Por: José Emilio Soto

Los datos oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) muestran una tasa nacional de surtimiento de recetas que oscila entre el 94% y el 97%. Esta cifra genera un efecto similar al de un placebo, sugiriendo un sistema de salud que funciona razonablemente bien. Sin embargo, en Durango, esta estadística está siendo redefinida por una práctica más encubierta: los médicos simplemente dejan de recetar medicamentos que no hay en existencia, haciendo que el "desabasto de medicamentos" desaparezca de las estadísticas.

Un médico del IMSS, bajo condición de anonimato, reconoció la existencia de esta "directriz oficial": "Si no hay recetas sin surtir, no se puede hablar de desabasto de medicamentos". Esto significa que los pacientes de las unidades de medicina familiar de Durango reciben una receta deliberadamente reducida, acompañada de una instrucción sencilla: esperar a la cita del mes siguiente; tal vez entonces el medicamento "esté disponible". Durante ese mes de espera, el tratamiento queda efectivamente suspendido.

Pero Durango no es un caso aislado, este 13 de octubre de 2026, el personal del IMSS en todo el país salió a las calles; en Durango, los manifestantes partieron del Parque Victoria para unirse a esta protesta nacional contra el desabasto de medicamentos, los salarios insuficientes y el deterioro de las condiciones laborales. No obstante, la situación en Durango se desarrolló en un contexto particularmente sombrío.

Menos de una semana antes de las protestas, el personal local del IMSS denunció públicamente que la muerte de cinco recién nacidos estaba directamente relacionada con infecciones causadas por la falta de personal e insumos. Incluso antes de esto, los pacientes del Hospital General de Zona n.º 1 de Durango habían reportado la presencia de chinches en las salas de hospitalización, fallos recurrentes en el surtimiento de recetas y una sensación generalizada de incertidumbre.

La dependencia de Durango respecto al IMSS es considerable; datos de hace tres años, por citar solo un ejemplo, muestran que el IMSS en la entidad atendía mensualmente más de 140.000 consultas de medicina familiar, 20.000 visitas a especialistas y más de 500 partos. No es una institución que pueda simplemente obviarse, cuando surgen fisuras en su cadena de suministro farmacéutico, las consecuencias no se limitan a las hojas de cálculo administrativas; se manifiestan directamente en el cuerpo humano.

El director del IMSS, Zoé Robledo, atribuyó el problema a incumplimientos contractuales por parte de las empresas farmacéuticas, señalando que se estaban cancelando contratos con firmas como PISA Farmacéutica y reteniendo pagos por medicamentos no entregados, esta afirmación tiene cierto fundamento. Sin embargo, la complejidad del abastecimiento de medicamentos radica en que las tasas de suministro no equivalen a la continuidad del tratamiento.

Una tasa de suministro del 94% implica que podrían faltar seis de cada cien medicamentos; no obstante, si el fármaco ausente resulta ser la medicación diaria de un paciente epiléptico o diabético, la tasa de suministro efectiva para ese individuo es cero. Además, con el simple hecho de dejar de recetar los medicamentos faltantes, esa "brecha" del 6% desaparece por completo de las estadísticas oficiales, así, la interrupción del tratamiento del paciente se transforma en una silenciosa decisión administrativa.

Las cuestiones salariales agravan esta sensación de absurdo, del "aumento histórico" del 6,8% anunciado por el IMSS, solo el 2,9% se destinó directamente al salario base, mientras que el resto se asignó a una categoría de subsidio de vivienda conocida como "Concepto 11". Para gran parte del personal administrativo y técnico, esto supuso un incremento en el salario neto mensual de apenas unos cientos de pesos. "Nos dieron un aumento de cien pesos y, sin embargo, a veces ni siquiera tenemos un rollo de vendas", comentó una manifestante.

No se trata de descalificar a todo el personal ni de atribuir la responsabilidad a quienes atienden consultas, muchos médicos y enfermeras trabajan bajo presión, con plantillas insuficientes y con la angustia de no poder ofrecer lo que la ley y la razón médica exigen. El problema es institucional: cuando la medición se vuelve más importante que la atención, el sistema aprende a maquillar en lugar de corregir.

La denuncia de una enfermera sobre una derechohabiente que llevaba tres meses sin recibir su medicamento ilustra mejor que cualquier porcentaje el riesgo real: cuando el tratamiento se interrumpe, el sistema no ahorra recursos; los pospone y los multiplica.

Un sistema de salud no funciona con discursos: funciona con médicos que puedan dedicar el tiempo necesario a cada paciente, enfermeras que no trabajen bajo agotamiento crónico y personal administrativo capaz de sostener la operación cotidiana.

La salud pública no se defiende con cifras bien maquilladas, sino con medicamentos en la farmacia, personal suficiente y pacientes que pueden confiar en que su receta será surtida. Si se está eligiendo “no recetar” para no reconocer la escasez, entonces el desabasto no solo está en los anaqueles: está en la manera en que el sistema decide mirarse a sí mismo.

Y esa es, quizá, la herida más grave: un instituto que pierde la capacidad de medir su propia falla pierde también la posibilidad de corregirla. Los mexicanos no necesitan que les digan que todo está bien; necesitan que alguien responda, con hechos, por cada tratamiento interrumpido.