#Opinion//La salud no puede depender del dinero de una familia

Por: Pedro Pérez Gómez

Enfermarse no debería convertirse en una preocupación económica más para las familias trabajadoras. Sin embargo, cuando una persona necesita una consulta, un estudio médico, una operación o un medicamento que no encuentra en su institución de salud, comienza una carrera contra el tiempo y contra el dinero disponible en casa. Hay familias que deben reorganizar sus gastos, pedir prestado o recurrir a servicios particulares para atender un problema que no puede esperar. En esas circunstancias, la enfermedad no solamente afecta la salud: también amenaza la estabilidad económica de quienes viven de su trabajo.

El derecho a la protección de la salud está reconocido en la Constitución mexicana, pero entre ese reconocimiento y su cumplimiento existe una distancia que millones de personas siguen padeciendo. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2024, 44.5 millones de mexicanos presentaban carencia por acceso a los servicios de salud, equivalentes al 34.2 por ciento de la población. Aunque el indicador disminuyó respecto de 2022, cuando alcanzó el 39.1 por ciento, el número de personas que enfrentan esta carencia continúa siendo demasiado grande para un país que aspira a garantizar derechos sociales.

En Aguascalientes, el problema tampoco puede considerarse ajeno. El mismo reporte del INEGI contabilizó 377 mil 200 personas con carencia por acceso a los servicios de salud en 2024, equivalentes al 25.2 por ciento de la población estatal. Esto significa que aproximadamente una de cada cuatro personas en nuestra entidad se encontraba en esa condición. La cifra obliga a preguntarnos si los servicios disponibles responden realmente a las necesidades de las familias y si existen suficientes mecanismos para garantizarles atención oportuna, sin importar cuánto ganen o dónde vivan.

Las dificultades del sector salud volvieron a ocupar un lugar central en la discusión pública durante octubre de 2026. Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizaron movilizaciones para exigir respuestas a problemas relacionados con el abasto de medicamentos e insumos, las condiciones laborales y los salarios. La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que existen demandas legítimas que deben atenderse y mencionó, entre los pendientes, las dificultades de distribución de medicamentos y la situación contractual de personal que se incorporó durante la pandemia.

Estas manifestaciones no deben observarse únicamente como un conflicto entre trabajadores y autoridades. Detrás de las exigencias del personal médico hay una preocupación que también afecta directamente a los pacientes: ¿cómo puede garantizarse una atención adecuada cuando faltan insumos, existen necesidades de personal y quienes sostienen el funcionamiento de las instituciones reclaman mejores condiciones para realizar su trabajo? Los médicos, enfermeras y demás trabajadores de la salud no son responsables de resolver por sí solos las deficiencias de todo el sistema. Al contrario, son parte fundamental de cualquier solución seria y merecen condiciones que les permitan cumplir su labor con dignidad.

Por supuesto, el problema no se reduce a la existencia o ausencia de medicamentos. También importa que haya suficientes médicos especialistas, enfermeras, equipos, laboratorios, camas hospitalarias y unidades de atención cercanas a las comunidades. Una consulta tardía puede agravar una enfermedad; un estudio que se pospone puede retrasar un diagnóstico, y la falta de seguimiento puede obligar a una familia a buscar alternativas que no tenía contempladas. La calidad de un sistema de salud debe medirse por su capacidad para atender a las personas cuando lo necesitan, no solamente por los anuncios de nuevas obras o por las cifras generales de servicios otorgados.

Cuando la atención pública no alcanza a cubrir las necesidades de una familia, el dinero se convierte en una barrera. Quien cuenta con recursos puede buscar una consulta privada, pagar análisis clínicos o comprar el medicamento que necesita. Para quien vive al día, en cambio, esos gastos pueden significar sacrificar parte de la alimentación, retrasar el pago de la renta o endeudarse. Así, una enfermedad que debería atenderse como un asunto de salud termina convirtiéndose en un problema económico y familiar. El acceso a un tratamiento no debería depender de la capacidad de pago de una persona.

Por eso, hablar de salud pública también significa hablar de desigualdad. No todas las familias parten de las mismas condiciones: algunas cuentan con seguridad social, ingresos estables y posibilidades de pagar servicios adicionales; otras dependen enteramente de las instituciones públicas y tienen dificultades incluso para cubrir sus gastos cotidianos. Si el sistema no responde de manera suficiente, las consecuencias recaen con mayor fuerza sobre quienes menos tienen. No es justo que el trabajador que contribuye con su esfuerzo al funcionamiento de la sociedad tenga que enfrentar, además de la enfermedad, la incertidumbre de no saber cómo recibirá atención.

Frente a esta situación, no bastan las promesas ni las explicaciones administrativas. Se necesita garantizar el suministro oportuno de medicamentos, mejorar los mecanismos de distribución, contratar al personal necesario y dar certeza laboral a quienes mantienen en funcionamiento las instituciones. También es indispensable invertir en infraestructura, fortalecer la atención preventiva y establecer mecanismos transparentes para conocer qué necesidades existen en cada estado y cómo se están resolviendo. En Aguascalientes, las autoridades correspondientes deben evaluar las carencias de cobertura y atención, identificar las zonas con mayores necesidades y establecer compromisos verificables para atenderlas.

La salud debe ser una prioridad permanente del Estado, no solamente cuando las protestas o las denuncias colocan el tema en los titulares. Las autoridades tienen la obligación de escuchar tanto a los pacientes como a los trabajadores, informar con claridad sobre los recursos disponibles y explicar qué medidas adoptarán frente a los problemas que persisten. Y la sociedad debe comprender que defender los servicios públicos no significa exigir privilegios, sino reclamar que un derecho reconocido se cumpla en la vida cotidiana.

Desde mi perspectiva, una sociedad verdaderamente comprometida con el bienestar de su población debe garantizar que ninguna persona abandone un tratamiento por falta de dinero y que ningún trabajador de la salud tenga que desempeñar sus funciones sin los recursos necesarios. Para avanzar en esa dirección se requiere voluntad política, presupuesto suficiente, planeación, vigilancia ciudadana y organización de la población para exigir resultados. Las necesidades de salud no pueden atenderse con medidas aisladas ni con respuestas que duren solamente mientras el problema ocupa la atención pública.

La salud no es una mercancía ni un lujo reservado para quienes pueden pagarla. Es una condición indispensable para estudiar, trabajar, cuidar a la familia y participar plenamente en la sociedad. Por eso, el verdadero éxito de un sistema de salud no debe medirse solamente por el número de hospitales construidos o consultas registradas, sino por la posibilidad real de que cada persona reciba atención oportuna, medicamentos y tratamiento adecuado. No podemos conformarnos con que el derecho a la salud exista en el papel: debemos exigir que se cumpla en la vida de las familias trabajadoras.