#Opinión || Alto a la persecución política

Por Ramón Rosales Córdova

Para nadie es novedad que, en nuestro país, exigir que se construya una escuela, que se introduzca el agua potable o que se atienda a una comunidad lejana o marginada regularmente se convierte en una lucha de años. Y no es porque se trate de obras imposibles de realizar para el gobierno en turno, sino porque las necesidades de los sectores más pobres siguen ocupando un lugar secundario entre las prioridades de muchos gobernantes. Y cuando los afectados, el pueblo trabajador en gran mayoría decide organizarse para exigir soluciones, con mucha frecuencia encuentran una resistencia que resulta imposible de justificar. Y esto es lo que sucede actualmente con el Movimiento Antorchista en varios estados de la República. En Oaxaca, Veracruz, Querétaro y Puebla, sus integrantes han denunciado amenazas, intimidaciones y acciones judiciales que, con justa razón, se consideran parte de una persecución política contra quienes encabezan las demandas populares.

Los casos son distintos, pero tienen un origen común. En Oaxaca, la lucha por recuperar albergues estudiantiles terminó acompañada de una denuncia contra un dirigente antorchista. En Veracruz, las solicitudes de obras y servicios permanecen sin respuesta, mientras se denuncian amenazas de desalojo y persecución judicial. En Querétaro, Jerónimo Gurrola Grave recibió amenazas de muerte después de encabezar manifestaciones, y en Puebla, comerciantes organizados enfrentan amenazas y cobros de piso. Lo que debemos preguntarnos es por qué resulta tan complicado atender demandas que, además de ser legítimas, corresponden a obligaciones básicas del Estado, pero bastante sencillo atacar a quienes encabezan estas demandas. La realidad es que no estamos hablando de privilegios para unos cuantos, sino de servicios indispensables para que miles de familias puedan vivir dignamente. Sin embargo, pareciera que para ciertos funcionarios es más importante impedir que los inconformes se organicen que resolver los problemas que provocaron su inconformidad.

Esta actitud tiene una explicación que no podemos pasar por alto. Una población dispersa, que enfrenta individualmente sus dificultades, tiene pocas posibilidades de conseguir que sus demandas sean escuchadas. En cambio, cuando los trabajadores, campesinos, estudiantes y colonos comprenden que sus problemas no son exclusivamente personales y deciden actuar colectivamente, adquieren una fuerza que puede exigir cuentas a quienes gobiernan. Es precisamente esa capacidad de organización la que resulta incómoda para quienes prefieren un pueblo que solamente espere y agradezca.

El pasado 27 de octubre, una comisión de la dirigencia nacional antorchista acudió a la Secretaría de Gobernación para denunciar estos acontecimientos y solicitar su intervención. Pese al compromiso de atender los planteamientos, no existen avances sustanciales. Por ello, el próximo 18 de noviembre se acudirá a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum para pedir que intervenga y se garantice el respeto a los derechos de sus integrantes y representantes.

Esta situación merece atención porque no se trata únicamente de lo que ocurre con la organización. Está en juego el derecho de cualquier mexicano a inconformarse, reunirse con otros y exigir que las autoridades cumplan con sus responsabilidades. Permitir que las amenazas sustituyan al diálogo significaría aceptar que los derechos constitucionales solamente pueden ejercerse mientras no causen incomodidad a quienes tienen el poder. El pueblo mexicano necesita soluciones, no intimidaciones. Y mientras las causas que originan la pobreza y la desigualdad permanezcan intactas, la organización y la lucha colectiva seguirán siendo necesarias. Pretender detenerlas no resolverá ninguna de las carencias que padecen millones de familias.