#Opinion// Organización popular y denuncias de persecución: el llamado de Antorcha al Gobierno federal.

Por: Pedro Pérez Gómez

La organización de los ciudadanos para exigir mejores condiciones de vida es un derecho fundamental en cualquier sociedad que se considere democrática. Sin embargo, cuando quienes encabezan las demandas de una comunidad enfrentan amenazas, acusaciones judiciales o actos de intimidación, surge una preocupación que va más allá de una organización particular: ¿qué garantías tienen los ciudadanos para organizarse, expresar sus inconformidades y exigir que las autoridades cumplan con sus responsabilidades?

Esta es la situación que el Movimiento Antorchista Nacional puso nuevamente en el debate público el pasado 11 de noviembre, cuando sus dirigentes regionales denunciaron presuntos actos de persecución política y amenazas contra integrantes de la organización en distintas entidades del país. Ante estos señalamientos, solicitaron la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y anunciaron que una comisión de antorchistas acudirá el próximo 18 de noviembre a Palacio Nacional para exponer sus planteamientos durante la conferencia matutina.

Los casos denunciados se presentan en un contexto de demandas sociales que, de acuerdo con la organización, continúan sin recibir respuesta suficiente por parte de distintas autoridades. Se trata de solicitudes relacionadas con vivienda, servicios básicos, educación, salud, infraestructura y seguridad, necesidades que afectan directamente las condiciones de vida de miles de familias.

En Oaxaca, Antorcha señaló que, después del desalojo de jóvenes de albergues estudiantiles y de una protesta frente a instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, se presentó una denuncia contra César Hernández Olivera, integrante del Comité Estatal antorchista, por presuntos daños a la nación. La organización sostiene que no existen elementos suficientes para justificar la acusación y considera que el procedimiento constituye una amenaza contra su actividad política.

En Querétaro, el movimiento denunció que Jerónimo Gurrola Grave, dirigente estatal, recibió mensajes intimidatorios después de encabezar movilizaciones en mayo y junio para solicitar atención a las demandas de familias organizadas. Según la denuncia presentada por los dirigentes, algunos mensajes enviados entre julio y septiembre llegaron a contener amenazas de muerte. Estos señalamientos requieren la atención de las autoridades competentes y una investigación que permita determinar responsabilidades y garantizar la seguridad del dirigente.

En Puebla, la organización expuso la situación de comerciantes del tianguis La Curva, quienes, según su denuncia, han recibido amenazas y presiones de integrantes de un grupo identificado como “13 de Septiembre”, al que acusan de exigirles pagos periódicos. Por su parte, en Veracruz, los antorchistas señalaron presuntos actos de hostigamiento posteriores al anuncio de movilizaciones para solicitar una reunión con la gobernadora y presentar demandas de obras y servicios para distintas comunidades.

Aunque se trata de situaciones diferentes, la dirigencia nacional considera que existe un patrón que busca inhibir la actividad organizativa y las manifestaciones públicas. Esta es una acusación seria que debe investigarse con rigor. Las denuncias no sustituyen las investigaciones ni determinan por sí mismas responsabilidades legales, pero tampoco deben ignorarse cuando están en juego la seguridad de las personas y el ejercicio de sus derechos.

El asunto merece especial atención porque la organización social cumple una función importante en la vida pública. En muchas comunidades, las necesidades no se presentan de manera individual ni pueden resolverse mediante esfuerzos aislados. La falta de agua potable, drenaje, electrificación, vivienda, escuelas o servicios de salud afecta a familias enteras y requiere respuestas institucionales. Cuando los habitantes se organizan para presentar sus demandas, nombran representantes y acuden ante las autoridades, ejercen su derecho de petición y participación.

Por eso es necesario distinguir entre una exigencia social y una conducta delictiva. Si una persona comete un delito, corresponde a las autoridades investigarlo y actuar conforme a la ley, con pruebas y respeto al debido proceso. Pero la actividad política, la protesta pacífica y la gestión colectiva de necesidades no pueden convertirse, por sí mismas, en motivos para intimidar o criminalizar a quienes participan en ellas.

El Movimiento Antorchista también recordó que el pasado 27 de octubre sostuvo una reunión con funcionarios de la Secretaría de Gobernación federal, en la que, según informó, se estableció el compromiso de intervenir ante los problemas expuestos. Sin embargo, sus dirigentes consideran que hasta ahora no se han producido cambios sustanciales en las entidades señaladas. Por ello, solicitaron que la presidenta de México intervenga ante los gobiernos estatales correspondientes para que se revisen los casos, se atiendan las denuncias y se garantice el respeto a los derechos de sus integrantes.

La petición plantea una responsabilidad para las instituciones federales y estatales. No se trata de conceder privilegios a una organización ni de colocar a sus integrantes por encima de la ley. Se trata de garantizar que la ley se aplique sin distinciones, que las acusaciones se investiguen con objetividad y que ninguna persona sea amenazada por ejercer sus derechos políticos y sociales.

También debe atenderse el origen de buena parte de los conflictos que la organización expone: las demandas de las comunidades. Si las familias solicitan servicios, infraestructura, vivienda o mejores condiciones educativas y de salud, las autoridades tienen la obligación de recibirlas, analizar sus planteamientos y ofrecer respuestas. La falta de atención institucional puede prolongar los problemas y profundizar la inconformidad social. Resolver las demandas y mantener abiertos los canales de diálogo es parte de la responsabilidad de cualquier gobierno.

Antorcha ha señalado que no busca un enfrentamiento con el Gobierno federal ni con las administraciones estatales o municipales. Su vocero nacional, Homero Aguirre Enríquez, sostuvo que el propósito es conseguir atención para los problemas que la organización ha planteado en distintas entidades y defender el derecho de sus integrantes a organizarse y encabezar demandas populares. Asimismo, advirtió que, si no existe una respuesta, el movimiento podría iniciar una campaña nacional denominada “En defensa de la organización popular y de sus líderes sociales”.

La próxima visita de una comisión antorchista a Palacio Nacional representa, por tanto, una oportunidad para que las autoridades escuchen directamente los señalamientos y expliquen qué acciones pueden emprender para atenderlos. La respuesta institucional deberá considerar tanto la seguridad de las personas denunciantes como la revisión objetiva de los procedimientos legales mencionados y la atención de las necesidades sociales que dieron origen a las movilizaciones.

La discusión no debería reducirse a las diferencias entre una organización y determinados gobiernos. El problema de fondo es el respeto a los derechos de los ciudadanos para reunirse, organizarse, expresar sus inconformidades y solicitar soluciones a sus necesidades. Ninguna sociedad puede fortalecer su vida democrática si la participación colectiva se convierte en motivo de intimidación o si las demandas populares permanecen sin respuesta.

La organización de los pobres de México ha sostenido durante décadas que las necesidades de los sectores populares deben atenderse mediante la participación y la lucha colectiva. En este contexto, la exigencia planteada por Antorcha coloca sobre la mesa una cuestión que compete a toda la sociedad: las autoridades deben garantizar la seguridad de quienes denuncian amenazas, investigar con imparcialidad y respetar el derecho de organización y protesta.

Porque el derecho a organizarse no depende de estar de acuerdo con una organización, con sus dirigentes o con sus planteamientos. Es un derecho que debe protegerse para todos. Y el respeto a ese derecho se demuestra no solamente cuando las demandas son cómodas para las autoridades, sino también cuando quienes las presentan cuestionan, insisten y exigen respuestas.