#Opinión // ¿Qué le queda al pueblo cuando el gobierno dice que todo va bien?

Por: Lenin Nelson Rosales Córdova

Hay momentos en que la realidad se vuelve demasiado grande para esconderla detrás de discursos, conferencias de prensa y cifras acomodadas. México atraviesa uno de esos momentos. Mientras desde el poder se insiste en que el país avanza, que el pueblo está contento y que las cosas marchan por buen camino, en las calles ocurre exactamente lo contrario: ciudadanos que exigen paz, médicos que reclaman medicamentos e insumos, estudiantes que denuncian escuelas en ruinas y organizaciones sociales que enfrentan amenazas por defender derechos básicos.

La pregunta, entonces, es inevitable: ¿qué le queda al pueblo cuando las instituciones dejan de escuchar?

En Sinaloa, miles de ciudadanos salieron recientemente a las calles de Culiacán vestidos de blanco para exigir algo que debería ser elemental en cualquier sociedad: vivir sin miedo. La movilización del 13 de septiembre reunió a ciudadanos, familiares de víctimas, empresarios y otros sectores que demandaron paz y la posibilidad de volver a caminar por las calles con tranquilidad. No es una protesta inventada por adversarios políticos; es el grito de una población cansada de modificar sus horarios, sus actividades, sus negocios y hasta sus relaciones familiares por culpa de la violencia.

Si todo va bien como afirma la presidenta de México ¿por qué la gente tendría que salir a la calle a pedir paz?

El problema se repite en Veracruz, también el 13 de septiembre, médicos, residentes, enfermeras y trabajadores administrativos marcharon en Xalapa para denunciar la falta de medicamentos, jeringas, guantes, batas y material quirúrgico. Los trabajadores señalaron que algunas cirugías han tenido que suspenderse y que pacientes de bajos recursos deben comprar por su cuenta materiales que el sistema de salud debería proporcionar.

Y la respuesta institucional resulta todavía más preocupante, Roberto Ramos Alor, coordinador estatal del IMSS-Bienestar, fue señalado por residentes después de que se difundiera un video en el que, ante los reclamos por la falta de herramientas para operar, respondió con expresiones que fueron interpretadas como intimidatorias: “si no quieren operar, no operen”.

No menos importante es lo ocurrido en Oaxaca con un estudiante del CETMAR 05 de Salina Cruz, quien de manera valiente difundió un video mostrando las condiciones deterioradas e insalubres de los sanitarios de su escuela. Según reportes periodísticos, después fue expulsado del plantel. Padres y estudiantes exigieron su reinstalación y cuestionaron que se castigue al alumno que mostró las carencias en lugar de resolverlas. Esta realidad es común en miles de centros educativos, pero se niega esa realidad.

El presupuesto federal demuestra que recursos existen, aunque las prioridades son discutibles. El Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 contempla, entre otros rubros, más de 135 mil millones de pesos para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, más de 23 mil millones para infraestructura educativa mediante el FAM y recursos específicos para agua potable, drenaje, saneamiento, vivienda y salud. Incluso el gobierno federal anunció un plan de infraestructura de 5.6 billones de pesos para 2026-2030.

El problema, por tanto, no puede reducirse a decir que “no hay dinero”. La discusión debe ser en qué se gasta, dónde se gasta y quién decide las prioridades. Porque mientras se anuncian grandes inversiones, millones de mexicanos siguen esperando agua, caminos, hospitales dignos, escuelas funcionales, seguridad y vivienda.

Y cuando el pueblo se organiza para exigirlo, aparecen las amenazas. No olvidemos que, en Querétaro, nuestra organización, el Movimiento Antorchista Nacional, denunció amenazas de muerte contra nuestro compañero, Jerónimo Gurrola Grave, en el contexto de las gestiones que realiza la organización para obtener servicios y obras para comunidades. Es grave que en una sociedad democrática se pretenda intimidar a quienes se organizan para exigir agua potable, drenaje, pavimentación, vivienda y educación.

Esto revela una tendencia peligrosa: algunos sectores del poder parecen aceptar al ciudadano únicamente cuando permanece callado. Pero el pueblo organizado incomoda porque pregunta, exige, reclama y obliga a gobernar.

Por eso resulta contradictorio escuchar cada mañana que México está mejor, cuando la realidad cotidiana muestra otra cosa. Los discursos no llevan agua a una colonia, no curan a un enfermo, no reconstruyen una escuela, no detienen una bala y no garantizan vivienda para una familia.

Las conferencias pueden explicar los problemas, pero gobernar significa resolverlos.

¿Y qué le queda entonces al pueblo? Le queda justamente lo más importante: su capacidad de organizarse, protestar y luchar por sus derechos.

No debemos acostumbrarnos a la inseguridad, aceptar hospitales sin insumos, permitir que castiguen a un estudiante por mostrar las condiciones de su escuela, permitir amenazas contra dirigentes sociales y no debemos permanecer indiferentes ante el abandono de las obras que necesitan las comunidades.

Si Morena realmente quiere demostrar que gobierna para el pueblo, debe dejar de explicar y comenzar a resolver. Porque mientras continúen las carencias, la inseguridad, el abandono de la obra pública y la persecución contra quienes levantan la voz, cada marcha, cada manifestación y cada organización popular tendrán una razón legítima para existir.

Y el pueblo debe entenderlo: los derechos que no se defienden terminan convirtiéndose en privilegios para unos cuantos. Por eso hay que seguir organizándose, manifestándose y luchando. No para destruir, sino para conquistar una vida digna.