Truena líder social contra la mercantilización del derecho a la vivienda. Llama a un cambio de modelo económico

• En la entidad potosina existen más de 135,000 viviendas en condición de rezago habitacional

San Luis Potosí, S.L.P. Llama Antorcha al cambio de modelo económico como medida efectiva al problema del difícil en la vivienda. Por lo cual, el historiador Marco Antonio Aquiáhuatl Rivera, sostuvo en el marco de un foro ante representantes de colonias populares pertenecientes a la organización social Antorcha Popular, la profunda crisis habitacional que padecen las familias trabajadoras de la entidad. Durante su intervención, enfatizó que la imposibilidad de acceder a un hogar digno no es un problema casual ni un fracaso individual, sino la consecuencia directa del sistema capitalista en que vivimos los mexicanos, el cual ha transformado la vivienda y los derechos sociales fundamentales en simples mercancías subordinadas a la acumulación de riqueza por unos cuantos potentados.

En su encuentro con liderazgos sociales de la capital del estado, Aquiáhuatl Rivera sostuvo de manera categórica que el rezago aplasta a millones de personas, y afecta de forma drástica a las generaciones jóvenes, lo cual se debe, desde su punto de vista, a la desmedida especulación financiera e inmobiliaria propia del capitalismo decadente que gana dinero ya no produciendo mercancías sino cobrando réditos. El conferencista recordó que las grandes crisis económicas que han sacudido al capitalismo en la historia reciente han tenido como epicentro la especulación sobre el suelo y el crédito hipotecario, demostrándose con ello que cuando se deja operar al mercado en un sentido de absoluta libertad y desregulado, las ganancias se edifican a costa del sufrimiento, la incertidumbre patrimonial y el despojo de la clase trabajadora.

Según el líder Antorchista en el municipio de Santo Domingo, la crisis de vivienda se refleja en los números que registran tanto San Luis Potosí como el país en general, pues, aseguró, citando cifras al 2024 de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) que: “en la entidad potosina existen más de 135,000 viviendas en condición de rezago habitacional, es decir con carencias en su construcción o falta de servicios; cifra que sumada al hacinamiento afecta a decenas de miles de familias y de forma particular a más de 142,000 jóvenes que carecen de un techo adecuado y de servicios básicos”. Según el ponente “esta problemática se agrava por el encarecimiento desmedido del suelo en la zona metropolitana, donde el valor por metro cuadrado alcanza los 27,781 pesos -el más alto de la región del Bajío-, obligando a las familias a asentarse en terrenos irregulares sin escrituras ni infraestructura urbana”. De acuerdo con su dicho, según la CONAGUA (Comisión Nacional del Agua), “entre el 75% y el 80% de las colonias padecen escasez de agua potable, quedando a merced del cobro excesivo de pipas privadas o del chantaje político; al tiempo que los habitantes de estos asentamientos que trabajan en la zona industrial se ven obligados a perder entre dos y tres horas diarias en trayectos de traslado con un transporte público deficiente”. A nivel nacional el rezago de vivienda supera los 8.5 millones de hogares y el costo de la vivienda crece muy por encima de los salarios, imposibilitando el acceso a un patrimonio (CONAVI).

El participante añadió que el empobrecimiento de las familias trabajadoras se extiende a todos los ámbitos de la vida social y no sólo al de la vivienda, por ejemplo, aumentando las tasas de la informalidad laboral, que, según su dicho, en la entidad alcanza al 56% de la población económicamente activa (PEA) y deja a más de un millón de potosinos sin acceso a la seguridad social. Aquiáhuatl Rivera concluyó que frente a un sistema estructuralmente desigual, la búsqueda de salidas individuales está condenada al fracaso, por lo que hizo un llamado urgente a fortalecer la organización comunitaria y la movilización consciente para defender sus intereses como son la regularización de los predios, el agua como un derecho humano; pero sobre todo a un cambio de régimen económico, para poder poner freno a la especulación inmobiliaria, mediante un sistema social distinto y mejor en el que la vivienda y la vida digna de las personas no puedan seguir tratándose como una mercancías.