#Aguascalientes // Liberan a dueño de Next Energy; seguirá proceso bajo medidas cautelares

Eugenio Javier “N”, propietario de la empresa vinculada a un contrato energético millonario en Aguascalientes, salió del Cereso tras permanecer diez meses detenido; el caso vuelve a poner atención sobre el uso de recursos públicos y la responsabilidad de las autoridades.
Aguascalientes, Ags. La noche del miércoles 7 de octubre, Eugenio Javier “N”, propietario de la empresa Next Energy, fue puesto en libertad luego de permanecer diez meses en el Centro de Reinserción Social (Cereso) Varonil de Aguascalientes. De acuerdo con la información publicada por El Sol del Centro, el empresario continuará su proceso judicial en libertad, sujeto al cumplimiento de diversas medidas cautelares.
Entre las condiciones impuestas por el juez se encuentran la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad, la restricción para salir del país, la prohibición de acercarse a personas relacionadas con el caso y el pago de una garantía económica, además de otras disposiciones. La liberación no significa, por sí misma, que el proceso judicial haya concluido ni que se haya determinado la inocencia o culpabilidad del empresario.
La decisión se produjo días después de que una jueza federal resolviera no vincular a proceso a cinco exfuncionarios municipales relacionados con la empresa. Estos acontecimientos han colocado nuevamente bajo atención pública los contratos celebrados con Next Energy y las decisiones de las autoridades involucradas en su aprobación y seguimiento.
La empresa ha celebrado convenios energéticos de largo plazo en entidades como Nuevo León, Baja California y Aguascalientes. Según la información reportada, algunos de estos acuerdos contemplaban contratos por 30 años y compromisos económicos de miles de millones de pesos, respaldados mediante fideicomisos con participaciones federales. También se han señalado cuestionamientos sobre la generación de energía de los parques fotovoltaicos considerados en esos proyectos.
En Aguascalientes, el caso se remonta a 2019, cuando se firmó un contrato por 948 millones de pesos para instalar un parque fotovoltaico en Cañada Honda. De acuerdo con la información publicada, en 2026 el Ayuntamiento logró la rescisión del contrato y la empresa devolvió alrededor de 600 millones de pesos.
La diferencia entre el monto originalmente contratado y los recursos devueltos hace relevante conocer con claridad las condiciones del acuerdo, las obligaciones de las partes y el destino de los recursos públicos comprometidos. También resulta importante que las autoridades expliquen qué mecanismos de supervisión se aplicaron, cuáles fueron las consecuencias administrativas o legales y qué medidas se tomaron para proteger el patrimonio público.
Hasta la información reportada por El Sol del Centro, las autoridades consultadas no habían emitido una postura sobre la liberación del empresario. Por ello, queda pendiente conocer sus explicaciones sobre el estado del caso y las acciones que seguirán para esclarecer los hechos.
La evolución del caso Next Energy mantiene abierta una cuestión de interés público: cómo se vigilan los contratos de largo plazo financiados con recursos públicos y quién debe responder cuando los proyectos comprometidos no cumplen con lo establecido. La transparencia en los contratos, la rendición de cuentas y el seguimiento judicial serán fundamentales para que la ciudadanía conozca los resultados definitivos.




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